## 🌍 Panorama Internacional El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) fijó para el 10 y el 11 de noviembre las audiencias orales del caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur. El tribunal, con sede en Hamburgo, analizará el pedido argentino de medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La fecha quedó establecida en una orden firmada el martes por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga.
En las audiencias, el ITLOS deberá determinar si cuenta con jurisdicción prima facie, si la urgencia de la situación justifica intervenir y si las medidas solicitadas por Argentina son proporcionales. El tribunal decidirá si corresponde frenar el proyecto mientras se constituye el órgano arbitral que abordará la controversia de fondo. Las sesiones se realizarán en la sala principal del organismo, serán públicas y se transmitirán en vivo por el sitio web del ITLOS.
Integrantes del cuerpo diplomático, periodistas y público en general podrán asistir en persona, previa inscripción. Argentina solicitó que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera en la zona. También pidió que Londres se abstenga de utilizar en perjuicio de los derechos argentinos información obtenida durante la exploración, cese cualquier impedimento al cumplimiento de obligaciones ambientales y no conceda nuevas autorizaciones que puedan agravar el conflicto.
La presentación ante el tribunal se formalizó el 13 de octubre, una semana antes de que se conociera la decisión sobre las audiencias. El procedimiento se había puesto en marcha el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente al Reino Unido. Argentina advirtió entonces que acudiría al ITLOS si la actividad no se detenía en un plazo de dos semanas.
Ese plazo venció el 12 de octubre sin que el Gobierno británico modificara su posición. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno presentó el pedido de medidas provisionales con fundamento en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que permite solicitar ese tipo de medidas cuando el tribunal arbitral aún no está constituido y la urgencia lo requiere. El Reino Unido ya había rechazado las medidas el 11 de octubre.
En su presentación, Argentina calificó la respuesta británica como «una mera repetición de argumentos previamente planteados». La solicitud, de 49 páginas, fue firmada por el embajador Mario Oyarzábal, agente argentino ante el tribunal, y elaborada junto con la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. El caso quedó registrado en el ITLOS con el número 37.
El yacimiento en disputa se encuentra a 107 millas náuticas —unos 198 kilómetros— al norte de las Islas Malvinas. Abarca una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados dentro de la licencia PL032. La operación está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectaron comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.
