## 🇦🇷 Política Nacional El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois presentó un proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública” para reforzar la protección de empresas, tierras y activos estratégicos del Estado nacional. La iniciativa busca endurecer las condiciones para eventuales privatizaciones y priorizar la utilidad social en la adjudicación de tierras fiscales, en contraste con la orientación del Gobierno. La propuesta fue presentada después de que el oficialismo aprobara en la Cámara de Diputados una versión reducida del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuya sanción definitiva aún está pendiente en el Senado.
En sus redes sociales, Grabois sostuvo que la iniciativa pone las propiedades estatales “al servicio de quienes más lo necesitan”. Entre sus disposiciones generales, el proyecto establece que “la propiedad del Estado tendrá un fin social” y que “el patrimonio público estratégico es inviolable”. También dispone que ningún bien, empresa, sociedad, participación accionaria o activo declarado estratégico podrá venderse, privatizarse, transferirse, concesionarse ni quedar sujeto a medidas que impliquen perder su titularidad, control o integridad, salvo que lo autorice una ley especial.
Para aprobar esa ley especial se requeriría el voto afirmativo de dos tercios del total de los integrantes de cada cámara del Congreso. En los fundamentos, Grabois argumentó que, si la Constitución exige una ley especial que declare la utilidad pública para afectar la propiedad privada al interés público, la venta o privatización de bienes pertenecientes al conjunto de la sociedad no debería estar sujeta a requisitos menos estrictos. La iniciativa declara además de interés público nacional la conservación, la gestión transparente y el aprovechamiento intergeneracional de las empresas, sociedades, participaciones y activos comprendidos.
Para impedir que esas decisiones se adopten por vías distintas a una ley específica, prohíbe recurrir a Decretos de Necesidad y Urgencia, a la delegación legislativa o a autorizaciones de privatización incluidas en leyes de presupuesto o en leyes ómnibus. El texto también crea un Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública para adjudicar tierras fiscales. Antes de iniciar una enajenación tradicional, el Estado convocaría a un procedimiento competitivo y transparente en el que no se priorizaría la oferta económica más alta, sino la mayor utilidad social de cada propuesta.
El mecanismo se aplicaría a inmuebles rurales y urbanos del Estado nacional que estén ociosos, subutilizados o sin un destino específico. Los proyectos deberían contribuir al fortalecimiento de la economía comunitaria, atender necesidades básicas insatisfechas y facilitar tanto el acceso a la tierra para el autoabastecimiento como el acceso a una vivienda única familiar. La iniciativa excluye de esos concursos a sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objetivo sea la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra.
En su conclusión, Grabois afirma que los bienes que pertenecen a todos no deben recibir una protección menor que la reconocida a la propiedad individual. El diputado sostiene asimismo que la seguridad jurídica debe amparar tanto a los particulares como al colectivo y que la protección de las empresas y los activos estratégicos del país requiere una decisión democrática, específica, transparente y suficientemente fundada para cualquier transferencia.
