## 🇦🇷 Política Nacional El Senado aprobó un proyecto para crear el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), destinado a otorgar beneficios fiscales a medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo. El proyecto, impulsado por el senador Eduardo Vischi, obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos.
Lo respaldaron La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, Independencia, Primero los Salteños y Convicción Federal. Los únicos votos en contra fueron los de los senadores por Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano. El RIIR busca complementar el esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y propone herramientas fiscales para promover la actividad productiva de empresas medianas.
La iniciativa había comenzado a reunir apoyos de distintos espacios durante su tratamiento en comisión. Entre los beneficios previstos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. El régimen excluye las inversiones financieras y de portfolio, así como los bienes de cambio.
Considera inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en Ganancias, además de las obras destinadas directamente a actividades productivas. A propuesta del senador radical Maximiliano Abad, se incorporó la actividad pesquera al régimen sin exigir un monto mínimo de inversión. También se incluyó al ganado y la retención de terneras en el contexto del denominado “Súper Niño”, en beneficio de productores rurales.
Por otra parte, podrán acceder a los beneficios, independientemente del monto invertido, los sistemas y equipos de riego, los bienes de alta eficiencia energética, las mallas antigranizo para el sector agropecuario y los bienes semovientes. Las empresas interesadas deberán presentar ante la autoridad de aplicación un plan de inversión con carácter de declaración jurada. El documento tendrá que detallar el proyecto, su ubicación, las fuentes de financiamiento, el cronograma de ejecución, su factibilidad económica y el impacto productivo y laboral previsto.
El plan también deberá incluir el compromiso de contratar proveedores nacionales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de lo destinado a proveedores. Esa condición se aplicará siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Vischi defendió la iniciativa al sostener que “no es un privilegio tributario sino una herramienta política para movilizar capital productivo, fortalecer la industria nacional a través de sus proveedores y generar trabajo genuino”.
También afirmó que existe una oportunidad para el país por la demanda internacional de energía y alimentos y por la necesidad de seguridad alimentaria de distintos países. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que el mecanismo permite que las empresas recuperen antes una parte del capital invertido. A su juicio, esa posibilidad es fundamental para poner en marcha una cadena de inversión.
Desde el peronismo, el senador chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich anticipó que apoyaría el proyecto con algunos reparos. Advirtió que la multiplicación de regímenes de inversión puede generar asimetrías en sus valores y tener impacto fiscal, sin que se considere el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, también expresó reservas.
Consideró que el proyecto tiene buenas intenciones, pero sostuvo que un régimen de incentivos no alcanza para resolver el problema de fondo y cuestionó que la industria nacional deba competir, según planteó, en condiciones desleales bajo el concepto de economía libre.
