## 🇦🇷 Política Nacional Más de cinco millones de personas viven en barrios populares de todo el país y 1.700.000 de ellas son niños, adolescentes y jóvenes. La cifra surge del relevamiento de 6.400 barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), un registro oficial respaldado por ley. Detrás de esos números, advierte Cáritas Argentina, hay familias con acceso limitado a servicios básicos, dificultades para conseguir trabajo y una creciente preocupación por el avance del narcotráfico y los problemas de salud mental.
En una entrevista con Noticias Argentinas, realizada en la sede de Cáritas en la calle Balcarce, en la ciudad de Buenos Aires, la directora ejecutiva de la organización, Sofía Zadara, describió una realidad marcada por las carencias, pero también por la solidaridad y la esperanza comunitaria. “La vida abraza lo comunitario”, dijo, y resumió esa disposición vecinal con una expresión que, según contó, se escucha en los barrios: “Donde comen dos, comen tres”. Zadara señaló que alrededor del 90% de las personas que viven en estos asentamientos no tiene acceso a agua potable. A esa carencia se suman el hacinamiento y las condiciones habitacionales precarias: varias familias pueden compartir un mismo terreno y numerosos adultos, niños y adolescentes convivir en una sola habitación.
La falta de calles y de infraestructura también dificulta el acceso a servicios y la circulación de vehículos de emergencia. Cuando llueve, explicó, algunas calles quedan anegadas y los chicos no pueden llegar a la escuela. En los hogares, además, cada vez cuesta más cubrir las cuatro comidas básicas.
La entrevistada aclaró que hablaba de alimentación cotidiana, no de una evaluación nutricional. La falta de cloacas y de electricidad segura completa un escenario en el que necesidades elementales siguen sin estar garantizadas. A pesar de esas dificultades, Zadara destacó las redes de apoyo que se organizan en los barrios: comedores, vecinos que comparten la comida y espacios de apoyo escolar.
Allí, dijo, las familias buscan alternativas para que sus hijos puedan alimentarse y completar la educación. También describió una fuerte voluntad de salir adelante y una esperanza que, afirmó, conmueve a quienes se acercan a esas comunidades. La directora de Cáritas subrayó que en los barrios hay trabajadores con oficios que son demandados en otras zonas, como albañiles, niñeras y personas que realizan tareas de cuidado en casas particulares.
También hay emprendedores que intentan sostener sus actividades. Para Zadara, se trata de personas capacitadas y dispuestas a trabajar, pero que necesitan oportunidades laborales y condiciones que les permitan desarrollar sus proyectos. En ese contexto, la Iglesia busca acompañar situaciones de vulnerabilidad, explicó, mediante dispositivos de apoyo para personas con consumos problemáticos y acciones de cuidado ante la violencia y el sufrimiento.
Sin embargo, sostuvo que la respuesta no puede depender únicamente de la ayuda ocasional cuando ocurre una emergencia, como una inundación: hacen falta políticas sostenidas y una mayor comprensión social de las condiciones en las que viven las familias. ### Integración y políticas públicas Cáritas, junto con otras organizaciones y dirigentes de distintos espacios políticos, impulsa un proyecto de Emergencia en Barrios Populares para asegurar fondos destinados a obras de urbanización e integración socio-urbana. Zadara pidió que esas medidas se entiendan como una inversión y no como un gasto. A su juicio, la falta de alimentación, la interrupción escolar y la exposición de niños y adolescentes a redes delictivas generan consecuencias sociales y económicas que luego requieren respuestas más costosas.
También vinculó las condiciones de vida con las trayectorias educativas. Recordó que los resultados de Argentina en las pruebas PISA fueron desfavorables y planteó que las dificultades se profundizan para estudiantes que viven en la periferia y atraviesan carencias o situaciones familiares dolorosas. Cuando no están cubiertos derechos básicos, dijo, resulta difícil sostener la concentración durante una jornada escolar.
La propuesta, añadió, es modificar la mirada sobre la inversión pública y reconocer que mejores condiciones de vida pueden reducir la angustia, el endeudamiento y las expresiones de violencia. El proyecto también busca que los propios barrios puedan generar espacios de trabajo y fortalecer las actividades laborales que ya existen. Según Zadara, cuanto más se previenen las situaciones de vulnerabilidad mediante políticas sostenidas, mayores son las posibilidades de evitar daños posteriores.
La entrevistada repasó los cambios en el enfoque de las políticas habitacionales. En distintos momentos de la historia argentina, recordó, se habló de “erradicación” de las villas: trasladar a la población de un lugar a otro, una alternativa que consideró inviable para comunidades de esta escala. Más adelante tomó fuerza el concepto de urbanización, con obras como la apertura de calles y la incorporación de algunos servicios.
El paso siguiente, explicó, es la integración socio-urbana: garantizar agua, electricidad y acceso para ambulancias, además de resolver cuestiones como la recolección de residuos en lugares donde hoy los vehículos no pueden ingresar por pasillos estrechos o por la falta de calles. Para Zadara, integrar implica dejar de considerar a estos barrios como espacios que deben ser apartados y reconocerlos como parte de la sociedad, con trabajo, capacidades y recursos comunitarios propios. La Ley 27.453, sancionada el 10 de octubre de 2018, declaró de interés público el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares identificados en el RENABAP.
Zadara señaló que existe una trayectoria de acuerdos entre organizaciones y el Estado, por lo que no se parte de cero. También indicó que, cuando asumió la última gestión de gobierno, el entonces secretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, reconoció —según recordó— que no había irregularidades grandes en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el fideicomiso destinado a financiar obras en esos barrios. Por ese motivo, dijo, las organizaciones no comprenden que se hayan frenado proyectos que, además de mejorar la infraestructura, permiten habilitar espacios para actividades comunitarias.
El pedido es que se avance con la iniciativa de emergencia y que se destine progresivamente el 0,0375% del producto bruto interno (PBI) a estas políticas. Zadara sostuvo que la proporción es menor al 1% y permitiría comenzar obras consideradas urgentes. “Los niños no pueden pagar lo que los adultos no podemos resolver”, recordó que dijo el presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara. La entrevistada afirmó que la situación requiere respuestas inmediatas y destacó que organizaciones religiosas y no religiosas, junto con sectores políticos diversos, coinciden en la necesidad de acompañar a las familias.
Según su planteo, ya existe una herramienta: el desafío es tomar la decisión de sostener esa línea de trabajo. ### Empleo, consumos y salud mental Zadara identificó dos problemas que, según contó, generan especial preocupación en los barrios: la falta de trabajo y el crecimiento de los consumos problemáticos y de las dificultades de salud mental. La ausencia de empleo puede desordenar la vida familiar y dejar espacio a otras ofertas, entre ellas las del narcotráfico. La entrevistada aclaró que esa oferta no se limita a reclutar jóvenes como “soldaditos”: también puede presentarse como una opción laboral mejor remunerada, incluso mediante tareas como la construcción de viviendas.
A esa situación se suma el aumento de la angustia y de los suicidios, asociados, según describió, a la presión social, la falta de empleo y la ausencia de un proyecto de vida. Zadara destacó el papel de las redes vecinales para sostener a quienes no encuentran apoyo suficiente en sus hogares y mencionó el trabajo cotidiano de mujeres que, pese a atravesar dificultades personales y familiares, reservan tiempo para cocinar y acompañar a otras personas de la comunidad. La directora de Cáritas puso énfasis en el rol de esas mujeres, que se ocupan tanto de sus familias como de las de sus vecinos.
Para ella, la comunidad no se construye únicamente con la presencia de organizaciones externas: también la sostienen los propios habitantes, que conocen las necesidades del lugar y aportan su tiempo. Entre los ejemplos que mencionó está el de una madre que debe trabajar en varias casas como personal de limpieza para mantener a su familia y aun así participa en tareas de apoyo a otros hogares. Consultada por la relación entre la ausencia estatal y el crecimiento del narcotráfico, Zadara respondió que es una preocupación cada vez mayor.
Señaló que algunos municipios no cuentan con presupuesto suficiente o no han logrado dar respuestas, por lo que consideró clave la intervención nacional y el desarrollo de estrategias de mayor alcance. También recordó que el obispo de San Justo, Eduardo García, había advertido en la Universidad Nacional de La Matanza que el narcotráfico ocupa espacios vacantes con una falsa salida que destruye vidas. La situación de los jóvenes es uno de los aspectos que más angustia a la organización.
Zadara ubicó la franja de 14 a 24 años entre las de mayor preocupación y relacionó el riesgo con la desesperación, la falta de perspectivas y la pregunta por cómo sostenerse. Mencionó que algunos jóvenes quedan fuera de la escuela y que los establecimientos, en ocasiones, no alcanzan a cubrir todas las necesidades. También advirtió que existe un número de intentos de suicidio que no queda registrado.
Como respuesta, Cáritas está revisando sus espacios —capillas, parroquias y centros comunitarios— para convertirlos en lugares de escucha que ayuden a detectar tempranamente situaciones de riesgo. La organización también busca coordinarse con otras entidades. Zadara relacionó el deterioro de la salud mental con presiones sociales, deudas, redes sociales y un ritmo de vida acelerado, además de la falta de alternativas positivas en zonas más alejadas. ### Las prioridades planteadas por las comunidades El año anterior, Cáritas realizó una “Caminata Institucional”, una instancia de escucha que conecta las comunidades con los niveles diocesano y nacional.
En ese relevamiento se preguntó a las personas cuáles eran sus esperanzas, cuáles eran los principales dolores de sus comunidades y qué acciones ya estaban contribuyendo a transformarlas. Participaron 1.320 comunidades. La primera prioridad señalada fue sostener los espacios comunitarios, entre ellos el apoyo escolar, las actividades artísticas, los grupos de mujeres, los espacios de alimentación y las capillas.
En segundo lugar apareció el trabajo: tanto la posibilidad de ampliar iniciativas de economía social como la necesidad de empleo. La tercera preocupación fue el crecimiento de las adicciones y los problemas de salud mental. En cuarto lugar quedaron las emergencias, que, según Zadara, afectan con mayor fuerza a quienes viven en condiciones más frágiles o cerca de zonas inundables.
El endeudamiento para cubrir necesidades básicas fue otro de los temas abordados. Zadara afirmó que las familias recurren a préstamos para comprar alimentos, medicamentos y sostener los gastos cotidianos. Luego, algunas deben endeudarse nuevamente para pagar esos compromisos, lo que puede llevarlas a un ciclo difícil de romper.
Añadió que las billeteras virtuales pueden hacer que el crédito parezca una solución inmediata, aunque salir de esa deuda resulte complicado. Frente a ese panorama, Cáritas pone el foco en la creación de fuentes de trabajo, con el objetivo de ofrecer a las familias mayor estabilidad y tranquilidad. Sobre la relación con el Estado, Zadara sostuvo que el diálogo existe y que la organización es recibida por autoridades.
Sin embargo, señaló que las decisiones presupuestarias y el anuncio de que se frenarían obras complejizaron la situación. La entrevista concluyó mientras Zadara retomaba el proyecto de emergencia para los barrios populares y la conversación sobre el vínculo con el Gobierno. En su planteo, el desafío de fondo es que las instituciones conozcan esas realidades y las incorporen a las decisiones públicas, para que las familias puedan acceder a servicios, empleo y oportunidades de desarrollo.
