## 🇦🇷 Economía nacional La pérdida de empleos registrados en la industria, el comercio y la construcción impulsó un aumento cercano al 30% en las altas de la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social. Entre enero y septiembre de 2026, 145.004 trabajadores despedidos sin justa causa comenzaron a cobrar el beneficio, según datos oficiales. La cifra representa un incremento del 29,4% frente a las 112.056 altas contabilizadas durante los primeros nueve meses de 2025.
La industria concentró la mayor cantidad de casos, con 35.922; le siguieron el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663. Al contabilizar las altas y las bajas producidas por la reincorporación laboral o el agotamiento de la prestación, en septiembre 127.613 personas percibieron el seguro. El monto promedio fue de $325.368, un 18,7% más que los $274.324 registrados un año antes.
Sin embargo, la actualización quedó por debajo de la inflación interanual, que alcanzó el 33,4%, reduciendo el poder de compra del ingreso. En septiembre, entre quienes recibieron la prestación hubo 86.288 varones y 41.325 mujeres. La provincia de Buenos Aires encabezó la distribución territorial, con 54.936 beneficiarios.
Detrás se ubicaron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad de Buenos Aires, con 9.029. En los dos años y nueve meses transcurridos de la administración de Javier Milei, las altas sumaron 473.186: fueron 174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 hasta septiembre de 2026. El volumen supera los registros de los años previos citados en los datos: en 2023 se contabilizaron 108.942 altas y en 2022, 86.268.
El seguro está destinado a empleados en relación de dependencia comprendidos por la Ley 24.013 que hayan sido desvinculados sin justa causa, por finalización del contrato o por causas externas. Para acceder, deben acreditar al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses durante ese trienio y más de 90 días en el último año.
La prestación se otorga por un máximo de 12 meses, con una extensión de seis meses para las personas mayores de 45 años. El esquema de pagos es decreciente: se cobra el 100% durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo, y el 70% entre el noveno y el duodécimo. Durante el período de cobertura, los beneficiarios mantienen la obra social y las asignaciones familiares, mientras que el tiempo se computa para la antigüedad jubilatoria.
Aunque en 2023 el Consejo del Salario Mínimo estableció que la prestación debía equivaler al 75% de la mejor remuneración habitual de los seis meses previos, la resolución fijó un piso equivalente al 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
