## 🇦🇷 Política Nacional Tras más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada devolver a comisión el proyecto sobre Endeudamiento Familiar. La decisión se tomó luego de que quedara en evidencia que el oficialismo no reunía los votos para sancionar su propia iniciativa. El regreso a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia fue aprobado sin establecer una fecha para reanudar el tratamiento.
La votación se realizó a las 3.30, a partir de una moción presentada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. La propuesta obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones. La respaldaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal y Producción y Trabajo.
Se pronunciaron en contra Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros bloques. Las cinco abstenciones de diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora jugaron en contra de la oposición. El mismo comportamiento se había registrado unas horas antes, durante la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Unión por la Patria había intentado evitar que el expediente volviera a comisión. Su objetivo era rechazar el dictamen de mayoría oficialista, centrado en la educación financiera, y avanzar luego con el dictamen de minoría, que propone un plan de refinanciación para personas morosas, límites a las tasas de interés y la condonación de los intereses punitorios. “Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente un tiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro”, planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. La moción de Giudici generó cuestionamientos de diputados opositores porque no establecía un plazo para que el proyecto regresara al recinto.
En los hechos, advirtieron, la falta de una fecha podría hacer que el tratamiento quedara postergado indefinidamente si el oficialismo no convocaba a las comisiones. “A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha. Son unos embusteros”, reclamó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. Otros legisladores también objetaron la decisión y la sesión concluyó entre críticas y gritos.
El debate en el recinto se había alcanzado después de que la oposición lograra emplazar a las dos comisiones el 9 de septiembre. Sin una fecha cierta para reunirlas en plenario, advirtieron sus integrantes, el esfuerzo para forzar el tratamiento de un asunto incómodo para la Casa Rosada podría quedar sin efecto. El dictamen de mayoría fue elaborado por el oficialismo junto con aliados del PRO y la UCR.
Su eje es brindar información detallada sobre los créditos a los usuarios para prevenir situaciones irregulares, pero no establece tasas máximas ni planes de refinanciación para deudores en situación crítica. La iniciativa se denomina “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”. El miembro informante del dictamen, el diputado de La Libertad Avanza Santiago Pauli, sostuvo que el proyecto busca establecer “un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden al crédito”.
El legislador fueguino, que preside la comisión de Finanzas de la Cámara baja, afirmó: “Queremos que haya más crédito con las leyes del lado de los argentinos y no en contra de ellos”. Uno de los pilares de la propuesta oficialista es la transparencia y el acceso a información sobre los créditos al consumo, con atención especial a los préstamos de corto plazo, que suelen aplicar tasas más elevadas. También incorpora disposiciones sobre la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo de cada persona dentro de bancos y plataformas.
El proyecto impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se titula “Ley de regularización y alivio financiero”. Propone declarar la emergencia por 180 días y crear un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas. Podrían adherir personas con una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes en ese momento a 3.265.010 pesos.
La iniciativa fija que la cuota no supere el 30% de los ingresos de cada persona. Quienes decidan incorporarse al régimen deberán realizar el trámite ante su propio acreedor; si este no acepta la gestión, intervendría el Banco Central. El texto opositor también limita la tasa de interés en función del Costo Financiero Total, aunque garantiza a los acreedores una ganancia moderada mediante un adicional sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).
Además, plantea condonar el 100% de los intereses punitorios, mantener el capital adeudado y establecer límites a los intereses compensatorios. Incluye capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera. El diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau cuestionó la situación económica y sostuvo que los bajos niveles de crédito privado, los montos reducidos de los préstamos y las dificultades de pago pueden explicarse porque los ingresos son insuficientes, las tasas son demasiado altas o se combinan ambos factores, “como ocurre en la Argentina”.
El economista señaló que el 40% de los deudores que perciben menos de 90.000 pesos no puede pagar sus obligaciones. Atribuyó esa situación, en primer lugar, a la caída del poder adquisitivo, que, según dijo, se encuentra 10 puntos por debajo del nivel registrado cuando asumió el presidente Javier Milei. En el sector público, agregó, la pérdida alcanza los 20 puntos.
Lousteau también mencionó el aumento de los gastos fijos familiares en servicios, que —afirmó— subieron muy por encima de la inflación. Señaló que esos gastos representan uno de cada cinco pesos adicionales y que, junto con la pérdida de poder adquisitivo, implican para la población una merma cercana a los 20 puntos. La diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos afirmó que más de seis millones de argentinos ingresaron en mora, con irregularidades superiores a 90 días, y que muchos de ellos ya se encuentran en las categorías 4 o 5.
Según explicó, eso obliga a numerosos acreedores financieros a pasar esas deudas a pérdida. “Como nos enseñó Néstor Kirchner, los muertos no pagan”, expresó. La exministra de Trabajo advirtió que el nivel de morosidad representa un problema macroeconómico y pidió al oficialismo prestarle atención, al considerar que puede empujar al conjunto del modelo económico hacia una recesión técnica. Sobre el dictamen de minoría, lo describió como una propuesta “de esfuerzo compartido, viable, objetiva y posible”, que, señaló, requiere poner límites a las tasas de interés.
Olmos también cuestionó el efecto de la situación económica sobre los hogares: sostuvo que el sistema les hizo perder los pocos ahorros disponibles, obligó a muchas personas a tomar más de un empleo y dificultó el acceso a medicamentos y prestaciones que antes recibían. “¿Y todo lo que tenemos para decirles a esos conciudadanos es vayan a estudiar finanzas?”, planteó. En sentido contrario, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero criticó el proyecto opositor y pidió considerar las consecuencias de que se aprobara. A modo de ejemplo, sostuvo que una familia que quisiera cambiar la heladera tendría más dificultades para conseguir crédito y que un trabajador independiente podría quedar fuera del mercado crediticio y afrontar tasas más altas.
Fernández Molero advirtió que los topes a las tasas, la modificación de contratos anteriores y los cambios en las barreras de entrada a la competencia podrían producir esos efectos. También comparó la iniciativa con la Ley de Alquileres aprobada por Diputados a fines de 2019, que había sido impulsada con el liderazgo de Daniel Lipovetzky, entonces integrante de su propio partido.
