## 🇦🇷 Política Nacional General Rodríguez, 23 de octubre. La presidenta del Concejo Deliberante local, Silvia “Chyfu” Figueiras, cuestionó el pedido opositor de interpelación a una funcionaria por el basural de la Ruta 24 y reconoció dificultades en el funcionamiento de las comisiones. La disputa involucra también a la administración del intendente Mauro García.
Las posiciones enfrentadas se hicieron públicas el 20 de octubre. El jefe del interbloque opositor, Darío Kubar, defendió la citación de Agustina Victoriano, directora de Producción y Ambiente, y acusó al oficialismo de usar su mayoría para impedir que iniciativas de control lleguen al recinto. Figueiras rechazó esa modalidad y defendió otras vías para requerir explicaciones, como los pedidos de informes y la concurrencia de funcionarios a las comisiones. “Para mí, una persona en el banquillo es violento”, sostuvo.
Al mismo tiempo, reconoció que el basural representa un problema para los vecinos. Kubar relacionó el conflicto con las denuncias sobre el crecimiento del predio y con los pedidos de información que su espacio había presentado antes de impulsar su clausura. También planteó que la discusión sobre las responsabilidades no queda resuelta si la funcionaria convocada afirma que el control no forma parte de sus tareas.
La explicación de Victoriano había trascendido antes de este cruce. El 7 de octubre se conoció que había afirmado que dejó de fiscalizar los basurales dos años y medio atrás y que los concejales estaban al tanto. Esa declaración, por sí sola, no identifica qué área recibió luego esa función.
El pedido de interpelación se había presentado durante la sesión del 24 de septiembre, junto con cuestionamientos por el estado del terreno ubicado sobre la Ruta 24. Por eso, el episodio del 20 de octubre no fue el inicio del reclamo, sino una confrontación pública sobre el mecanismo de control y sus consecuencias para la actividad legislativa. En su exposición, Kubar informó además que el arrojo de residuos se interrumpió luego de la clausura.
Sin embargo, señaló que la remediación todavía no había comenzado y atribuyó la demora a las lluvias. Su planteo distingue entre el cese de las descargas y la recuperación del terreno. El reclamo opositor alcanza al Ejecutivo por la distribución de competencias y por la respuesta institucional frente al problema.
Se trata de declaraciones políticas y de una demanda de control legislativo: no existe en lo informado una resolución que determine responsabilidades penales o ambientales de Victoriano o del intendente. Figueiras reconoció una consecuencia concreta del enfrentamiento político: las faltas de quórum en distintas comisiones ya demoran el tratamiento de iniciativas del Concejo.
