## 🇦🇷 Política Nacional La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto para regular las agencias de cobro extrajudicial, en respuesta a la problemática de las deudas difíciles de pagar y con el objetivo de establecer límites a las prácticas abusivas de esas entidades. La iniciativa, presentada por Fuerza por Buenos Aires, el espacio encabezado por Leandro Santoro, recibió aprobación unánime. Así lo informó a la Agencia Noticias Argentinas el director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti.
El respaldo se produjo luego de conversaciones entre los distintos bloques. Cilenti señaló que, cuando el proyecto fue presentado, La Libertad Avanza no lo había apoyado. Consultado sobre el cambio de posición, explicó que dialogaron con todas las bancadas, en particular con el PRO y también con La Libertad Avanza, y que buscaron elaborar una norma que incorporara la experiencia de una audiencia pública y brindara herramientas concretas al Estado para regular la actividad.
El funcionario consideró que ese proceso de diálogo pudo haber dejado a La Libertad Avanza “un poco encerrada” en la situación. De todos modos, precisó que el bloque votó a favor en general y rechazó en particular tres puntos: la exigencia de habilitaciones, la obligación de que abogados se responsabilicen por la actividad y las pautas para refinanciar deudas. Según el comunicado al que accedió Noticias Argentinas, la norma establece que las agencias de cobranza deberán contar con una habilitación de la Ciudad para operar en Buenos Aires.
Además, bancos y financieras no podrán vender sus carteras de deuda a agencias que no estén autorizadas. Si una entidad incumple las reglas, podrá ser impedida de continuar trabajando. La regulación también dispone que cada agencia o departamento de cobranza —incluidos los que funcionen en bancos o comercios— tenga a un abogado matriculado a cargo.
Si se producen abusos o amenazas, la persona responsable podrá ser denunciada directamente ante el Colegio de la Abogacía y arriesgar su matrícula. En cuanto a los contactos con quienes tienen deudas, las agencias no podrán comunicarse más de una vez por día ni superar dos contactos semanales. Si la persona ya atendió, no podrán volver a llamarla durante esa misma jornada.
Cuando la comunicación se realice mediante un contestador automático o un bot, la entidad deberá advertirlo desde el comienzo y ofrecer siempre la posibilidad de hablar con una persona. La normativa prohíbe, además, amenazar con una detención, anunciar embargos sin orden judicial o intimidar con la posibilidad de quitar jubilaciones o planes sociales. Por último, el acoso dirigido a jubilados, pensionados o personas con discapacidad será sancionado con multas considerablemente más severas.
La iniciativa busca fijar controles sobre las prácticas de cobranza y establecer consecuencias para las agencias que incumplan las obligaciones previstas.
