## 🇦🇷 Política Nacional La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para conocer en detalle el arribo, la permanencia y la partida de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. La solicitud abarca los movimientos registrados entre el 26 y el 28 de octubre. Frade sostuvo que la aeronave trasladó a Flávio Bolsonaro y cuestionó que el país pudiera haber facilitado su salida de Brasil. “No somos una pista de salida para prófugos”, expresó.
También afirmó que Bolsonaro tenía prohibido abandonar su país y que la Justicia brasileña le había ordenado entregar sus pasaportes, algo que, según la legisladora, no habría cumplido. En una publicación en Instagram, Frade indicó que durante esa semana Bolsonaro habría cruzado de noche a Misiones por el Puente Tancredo Neves. Según su relato, Migraciones registró su ingreso y un avión privado lo esperaba en Puerto Iguazú.
La diputada afirmó que la aeronave despegó, hizo escala en Guayaquil y aterrizó en Miami. La legisladora planteó interrogantes sobre la intervención de las autoridades argentinas y la operación del vuelo. “El Gobierno de Milei lo dejó pasar, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta”, señaló. Entre ellas, preguntó quién autorizó la salida del avión después de una retención de 24 horas, quién pagó la espera, si se utilizaron recursos del Estado y qué funcionarios participaron.
Frade explicó que el pedido fue presentado para que la Jefatura de Gabinete responda dentro del plazo legal de 15 días hábiles. “Brasil es nuestro principal socio y la cooperación judicial entre los dos países no se negocia. Argentina no puede ser la puerta de escape de nadie que huye de la Justicia”, afirmó. En otra publicación, esta vez en la red social X, la diputada sostuvo que bastaba con conocer quién sería el titular de la aeronave para concluir que el Gobierno argentino era, según sus palabras, “una asociación ilícita”.
También vinculó el caso con presuntas maniobras de defraudación a la Administración pública y afirmó que los fondos obtenidos habrían perjudicado a personas con discapacidad. Esas expresiones forman parte de las acusaciones realizadas por la legisladora. El pedido de información incluye la identificación de quienes contrataron el vuelo y de la persona que asumió sus costos.
También requiere establecer si organismos públicos nacionales financiaron gastos relacionados con la aeronave o con la asistencia a los pasajeros, y si hubo contrataciones estatales, reintegros o uso de vehículos oficiales, personal, custodia u otros recursos públicos. Además, Frade solicitó saber si funcionarios de la Presidencia, de la Secretaría General o de la Jefatura de Gabinete realizaron gestiones vinculadas con el traslado. En particular, preguntó si el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones durante esos días y si tuvo alguna participación en la operación.
La solicitud pide el itinerario completo de la aeronave y consulta si el destino previsto inicialmente era Miami o si luego fue cambiado por Guayaquil u otro aeropuerto. También requiere los planes de vuelo originales y sus eventuales modificaciones. En materia de controles, la diputada pidió información sobre las inspecciones migratorias y aduaneras realizadas mientras el avión estuvo en Iguazú, así como sobre posibles comunicaciones a los organismos intervinientes acerca de restricciones judiciales o migratorias que afectaran a alguno de los pasajeros.
Asimismo, solicitó precisar cuánto tiempo permaneció la aeronave en el aeropuerto, si existió una orden de retención o una restricción para despegar y qué autoridad habilitó finalmente su partida. Por último, reclamó un detalle de los costos generados durante la estadía, incluidos estacionamiento, uso de plataforma o hangar, tasas aeroportuarias y servicios de asistencia en tierra. Pidió identificar quién pagó esos cargos y si se otorgaron exenciones, descuentos o beneficios especiales.
La presentación se realizó al amparo de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que establece un plazo de 15 días hábiles para responder. Frade solicitó que la contestación esté respaldada por actas, autorizaciones, comunicaciones oficiales, facturas, comprobantes y otros antecedentes que permitan reconstruir lo ocurrido durante la permanencia del vuelo en Puerto Iguazú.
