## 🌍 Panorama Internacional El Museo Nacional de Colombia quedó en el centro de la disputa cultural del Gobierno del presidente de derecha Abelardo de la Espriella, luego de que las autoridades ordenaran retirar más de 30 piezas de sus exhibiciones permanentes. Entre los materiales afectados había obras y documentos relacionados con los derechos de las minorías sexuales, el feminismo, la violencia política y los acuerdos de paz. La intervención se ejecutó el 15 de octubre en las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”.
Tras el retiro, quedaron paredes vacías y marcas de los objetos desmontados. Según informó el diario El Espectador, la medida alcanzó fotografías, afiches, documentos históricos y otras piezas que integraban el relato museográfico sobre la historia reciente del país. Entre los elementos retirados figuran afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, dirigentes políticos asesinados en 1990.
También fue desmontado el llamado “Balígrafo”, una pluma fabricada con un casquillo de bala y utilizada durante la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. La lista incluye testimonios de las luchas feministas, registros de movilizaciones LGBTIQ+ y el tarjetón de la Séptima Papeleta, iniciativa que impulsó la reforma constitucional de 1991. La decisión coincidió con el anuncio presidencial de una “contrarrevolución cultural” contra lo que De la Espriella denomina “wokismo”.
El mandatario sostuvo que no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras sean presentados como héroes nacionales y dispuso revisar los contenidos de las instituciones culturales públicas. La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la medida al señalar que el museo no debe funcionar como instrumento de adoctrinamiento político ni promover interpretaciones sesgadas de la historia. Además, anunció que su cartera revisará los criterios curatoriales y museográficos de los espacios bajo su jurisdicción.
La intervención recibió críticas de especialistas, trabajadores culturales y organizaciones sociales, que la describieron como una intromisión política en el patrimonio histórico. El sábado, más de 500 personas se manifestaron frente al museo, en Bogotá, para reclamar la restitución de las piezas. La controversia también fue vinculada con la política del presidente argentino Javier Milei, cuyo Gobierno convirtió la disputa por la memoria histórica y el papel del Estado en la cultura en uno de sus ejes ideológicos.
En Argentina, esa confrontación se expresó a través de recortes presupuestarios, la reestructuración de organismos culturales y de derechos humanos, y cuestionamientos a las interpretaciones sobre la última dictadura militar. Entre las medidas argentinas mencionadas figuran cambios en la estructura del Museo Sitio de Memoria ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria, además de restricciones al financiamiento del cine nacional. Aunque las decisiones de ambos países son distintas, los dos gobiernos de derecha comparten la intención declarada de combatir lo que consideran una hegemonía cultural progresista.
El caso colombiano vuelve a poner en discusión hasta dónde puede intervenir el poder político en las instituciones encargadas de conservar y transmitir la memoria colectiva, y qué criterios deben guiar la presentación pública de episodios y conflictos históricos.
