## 🇦🇷 Política Nacional La defensa de Cristina Kirchner y del diputado Máximo Kirchner pidió al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) autorización para que ambos participen por videoconferencia en las audiencias del juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio está previsto para esta semana, de acuerdo con el cronograma vigente. Máximo Kirchner fundamentó el pedido en la necesidad de compatibilizar sus obligaciones parlamentarias con las del proceso judicial. La ex presidenta, por su parte, señaló que busca evitar el operativo de seguridad requerido para trasladarla desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta los tribunales de Retiro.
Ambos presentaron un escrito ante la Justicia en el que afirmaron conocer el contenido de los requerimientos de elevación a juicio. Sus abogados sostuvieron que la participación remota permitiría garantizar el derecho de defensa sin perjudicar a las demás partes del proceso. La solicitud aún debe ser resuelta por el TOF 5 y requiere una respuesta antes del comienzo del debate, previsto para este viernes a las 10 en la sala AMIA de Comodoro Py.
La audiencia fue convocada inicialmente bajo modalidad presencial. El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Según el esquema establecido, las audiencias se realizarán los lunes, viernes y sábados.
En paralelo, está pendiente una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre las apelaciones contra el desdoblamiento de las causas Los Sauces y Hotesur, que investigan presuntos delitos vinculados con el patrimonio y las actividades comerciales de la familia Kirchner. En Hotesur, la investigación analiza una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. La hipótesis judicial sostiene que esos fondos habrían sido presentados como ingresos legítimos derivados de la actividad hotelera.
En Los Sauces, la acusación plantea la posible existencia de asociación ilícita y lavado de activos. Según esa hipótesis, fondos de Báez y del Grupo Indalo habrían sido canalizados mediante actividades inmobiliarias y hoteleras.
