## 🇦🇷 Política Nacional La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo, como el fentanilo. La votación reunió 241 apoyos, un voto en contra —de la diputada Marcela Pagano— y cinco abstenciones, correspondientes al Frente de Izquierda y a Mónica Frade, de la Coalición Cívica. La iniciativa responde a la tragedia sanitaria que comenzó en abril de 2025, cuando fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo provocó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.
La propuesta tiene como autora principal a Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, y reúne aportes de Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. A raíz de la crisis, Diputados había creado por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, cuyo informe final recomendó mejorar la trazabilidad de los medicamentos críticos. Giudici sostuvo que el texto consensuado refuerza el seguimiento de fármacos riesgosos y eleva las multas, que calificó de irrisorias, a más de 192 millones de pesos.
Según explicó, los recursos recaudados quedarán en manos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La legisladora señaló que la ANMAT adoptó medidas para acompañar el proceso y que varios de los puntos planteados por la comisión investigadora ya se concretaron mediante disposiciones del organismo. Entre ellas mencionó la disposición 4550, que impide que personas como Ariel García Furfaro accedan a una habilitación o licencia para manejar medicamentos.
También indicó que la agencia inhibió a 22 laboratorios, dio de baja a 193 firmas y actualizó la normativa sobre ingredientes farmacéuticos activos. Giudici afirmó que la iniciativa no busca desregular ni recortar, sino asumir responsabilidades, dar respuestas y acompañar a las víctimas y sus familiares. También recordó que hubo personas que lucraron con uno de los medicamentos más complejos utilizados en terapia intensiva.
Tolosa Paz sostuvo que la ley recoge las voces, el dolor y los reclamos de las familias. Destacó que incorpora la trazabilidad de toda la cadena —desde los ingredientes farmacéuticos hasta el paciente—, un sistema de alerta sanitaria inmediata y recursos para que la ANMAT ejerza sus controles. La exministra de Desarrollo Social pidió perdón en nombre del Estado y reconoció que este falló en su obligación de proteger la vida.
Afirmó que el compromiso es convertir el dolor de las familias en respuestas concretas y evitar que la falta de controles y herramientas provoque nuevas muertes evitables. También señaló que el Estado debe garantizar, por las víctimas y sus familiares y en defensa del derecho a la salud, que la vida de los argentinos no quede librada al azar. El proyecto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los medicamentos inyectables parenterales —entre ellos, los administrados por vía intravenosa, intramuscular e intratecal— y de sus materias primas.
Además, fija el deber de las instituciones de salud públicas y privadas de notificar de inmediato el uso de medicamentos de alto riesgo, los brotes infecciosos intrahospitalarios y los eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública. La norma exige un registro digital de cada etapa, desde la importación y la producción hasta la distribución y la administración efectiva del medicamento. Esta última instancia deberá quedar vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
También crea un Protocolo de Eventos Críticos de Salud, que se activará ante sospechas de contaminación o eventos adversos. Las notificaciones deberán enviarse simultáneamente al Gobierno nacional, las provincias y la ANMAT dentro de las 24 horas. A su vez, se instituye el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), obligatorio, digital y bajo la órbita de la agencia reguladora.
El mecanismo permitirá emitir alertas de alcance nacional y bloquear preventivamente los lotes sospechosos en un plazo máximo de seis horas. El texto incorpora, además, un régimen especial de sanciones para faltas graves, como falsear u omitir datos de trazabilidad o incumplir la inmovilización de productos. Las penas contemplan multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomisos.
La aplicación será federal y se articulará a través del Consejo Federal de Salud (COFESA), con alcance en todas las jurisdicciones del país.
