## 🇦🇷 Política Nacional El Senado aprobó por amplia mayoría un marco regulatorio para proyectos vinculados con la reducción y remoción de emisiones y la generación de créditos de carbono. La iniciativa, que podría favorecer exportaciones por millones de dólares, cosechó 60 votos afirmativos y dos negativos, con apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, el bloque Justicialista, Primero los Salteños, Movimiento por Misiones y otros espacios provinciales. Un crédito de carbono se genera mediante un proyecto que reduce o captura emisiones —por ejemplo, la reforestación, la conservación del bosque nativo o la producción de energía limpia— y obtiene un certificado por cada tonelada de gases evitada o removida.
Empresas y países que necesitan compensar sus emisiones pueden adquirir esos certificados. La ley busca promover este tipo de proyectos y desarrollar instrumentos económicos y financieros que favorezcan su estabilidad, escalabilidad y acceso a los mercados. También apunta a garantizar la trazabilidad de los créditos, evitar el doble conteo, impulsar las economías regionales mediante mecanismos compatibles con la protección ambiental, brindar seguridad jurídica a quienes desarrollan proyectos y resguardar el federalismo ambiental.
La senadora salteña Flavia Royon sostuvo que Argentina está quedándose atrás en los mercados de carbono porque todavía no cuenta con un marco regulatorio que permita comercializar los bonos en mercados regulados o mediante mecanismos que pagan mejores valores. La senadora misionera Sonia Decut Rojas señaló que la norma define cómo integrar al país a los mercados internacionales de carbono, donde la conservación de los bosques y la reducción de emisiones pueden generar inversiones, financiamiento y oportunidades para las provincias y las empresas argentinas. Por su parte, el senador peronista Jorge Capitanich afirmó que los mecanismos de financiamiento pueden contribuir a que el país se convierta en un “acreedor ambiental” y planteó que quienes incrementan los gases de efecto invernadero que dañan el ambiente deben pagar la compensación correspondiente.
El proyecto reconoce al crédito de carbono como un bien inmaterial de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, separado del inmueble, el recurso natural y la actividad de la que deriva. Además, otorga estabilidad fiscal por 30 años, respecto de los tributos nacionales, a los proyectos de carbono inscriptos en el ReNaRe. La iniciativa establece como regla la libre comercialización de los créditos en mercados nacionales e internacionales, sin necesidad de autorización previa.
Sin embargo, cuando se destinen al cumplimiento de las metas climáticas de otro país o a determinados mecanismos internacionales, será necesaria la aprobación de la autoridad de aplicación. Por último, permite utilizar los créditos como respaldo o componente de instrumentos financieros. Si esos instrumentos están comprendidos en el régimen de oferta pública, deberá intervenir la Comisión Nacional de Valores.
