## 🇦🇷 Política Nacional El Senado avanzó este jueves con la firma de un dictamen para reformar la Ley de Salud Mental. La iniciativa habilita internaciones involuntarias en determinadas circunstancias, incorpora las adicciones como problemas de salud mental y mantiene la prohibición de crear manicomios. La Libertad Avanza (LLA) busca tratar el proyecto en una sesión la próxima semana.
El dictamen de las comisiones de Salud y de Legislación General reunió el respaldo del oficialismo, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz, luego de que se introdujeran modificaciones al texto enviado por el Gobierno. Esos cambios permitieron avanzar sobre una propuesta que había generado objeciones entre bloques aliados de LLA y representantes de gobiernos provinciales. Entre los principales ajustes, el texto establece que, ante una emergencia, un médico podrá disponer una internación involuntaria sin que sea requisito que tenga especialidad en psiquiatría.
La medida podrá adoptarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Después, un equipo interdisciplinario tendrá hasta 48 horas para revalidarla y podrá recurrir a teleconsultas con un psiquiatra. La internación deberá comunicarse a la Justicia; a diferencia del mecanismo anterior, la decisión inicial no quedará en manos de un juez.
Además, se requerirá un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y se deberá notificar anticipadamente al representante legal, al cónyuge o conviviente, o a padres o hijos, para coordinar las condiciones de salida. La reforma amplía el alcance de las adicciones contempladas, de modo que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental. También dispone que niños, niñas y adolescentes reciban atención de equipos con formación infanto-juvenil y que, si requieren internación, permanezcan en espacios separados de los adultos.
El proyecto prevé, además, cooperación económica entre la Nación y las provincias, y conserva la prohibición de crear manicomios. El texto original del Gobierno recibió modificaciones sustanciales durante el debate legislativo, que incluyó aportes de representantes provinciales y especialistas. Arrascaeta sostuvo que la iniciativa fue debatida con más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques.
Según afirmó, la reforma se elaboró con participación de las provincias y los senadores, y se recibieron 16 informes provinciales. También planteó que no se puede esperar a que la situación se agrave y pidió avanzar con el dictamen para evitar que las familias se sientan desamparadas. El senador justicialista Jorge Capitanich solicitó postergar el debate para analizar los cambios impulsados por LLA.
Señaló que la reforma requiere un amplio consenso de gobernadores y ministros de Salud, y que deben precisarse tanto la capacidad de financiamiento como la asignación de recursos humanos para abordar una problemática compleja. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, respondió que los cambios ya fueron incorporados y que el proyecto modifica el enfoque sobre las personas con trastornos de salud mental que no pueden tomar decisiones y atraviesan situaciones de riesgo para sí mismas o para terceros. Defendió un criterio más preventivo, orientado —según expresó— a evitar que la intervención llegue tarde ante casos de riesgo inminente, y pidió considerar el dictamen al sostener que el oficialismo escuchó a los distintos bloques y mantiene abierta la discusión.
El senador de Movimiento por Misiones Carlos Arce respaldó el dictamen y afirmó que las modificaciones son necesarias para mejorar la atención de la salud mental.
