## 🇦🇷 Política Nacional La quinta Marcha Federal Universitaria está convocada para este jueves hacia el Congreso de la Nación. La movilización busca exigir la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada cinco veces en el Parlamento, y reclamar una recomposición salarial para los docentes, más becas estudiantiles y un aumento del presupuesto destinado a las universidades. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) afirmó que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes.
La organización señaló que este miércoles la Justicia aplicó una sanción económica al Ejecutivo por el incumplimiento sistemático de la normativa. Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, detalló que el cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659. Según indicó, de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario debería haber cobrado $741.111.
La dirigente sostuvo que la diferencia representa un aumento del 32% fijado por ley que aún se adeuda y advirtió que la pérdida del poder adquisitivo afecta a miles de docentes que sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública. A la convocatoria se sumarán organizaciones políticas y sindicales, entre ellas las dos CTA —de los Trabajadores y Autónoma—, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación General del Trabajo (CGT), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), además de otros sectores. La CTA de los Trabajadores afirmó que la movilización reunirá en la Plaza del Congreso a distintas expresiones sociales que, según sostuvo, son afectadas por las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
La central planteó que la marcha se realiza en defensa de la educación, la soberanía y la democracia. Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, señaló que la protesta también busca sostener el reclamo por la derogación del DNU 70/23, al que calificó como una norma que avanza sobre derechos conquistados. Sostuvo que el decreto debilita la protección laboral y favorece a los sectores concentrados de la economía en detrimento de las mayorías.
Godoy cuestionó, además, que el Gobierno recurra a decretos en lugar de someter sus iniciativas al debate legislativo. Afirmó que el DNU impulsó la desregulación económica y la flexibilización laboral, y advirtió que esa orientación deja a millones de personas expuestas a los intereses del mercado. La CGT definió a la universidad pública como una conquista histórica y una herramienta indispensable para el desarrollo de una Argentina soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno.
La central sindical sostuvo que defenderla implica democratizar el conocimiento y promover un proyecto de país que coloque el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. También confirmó su participación en la marcha junto a la comunidad educativa. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que los trabajadores estatales se movilizarán este jueves y realizarán un paro de 24 horas.
Explicó que la medida busca extender las protestas a todo el país y anticipó que habrá expresiones de la protesta en distintas provincias. Aguiar también pidió derogar por completo el DNU 70/23. Afirmó que, a su juicio, la norma no está dirigida contra la llamada “casta”, sino que beneficia a las corporaciones, y cuestionó que el Gobierno intente avanzar mediante decretos cuando no consigue respaldo suficiente en el Congreso.
La concentración está prevista para las 13:30 en la intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, punto desde el que iniciará su marcha AGD-UBA. También habrá convocatorias en otros cruces cercanos al Congreso. La consigna central será exigir la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas y una mayor partida presupuestaria para las universidades.
El reclamo se produce en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. Tras conocerse que la inflación de septiembre fue del 1,9%, la inflación acumulada durante la actual gestión nacional llegó al 344,15%, mientras que los salarios docentes aumentaron un 236,6%, de acuerdo con los datos citados en la convocatoria. La diferencia entre ambos porcentajes implica una pérdida directa del poder de compra de los trabajadores universitarios.
Carboni sostuvo que la situación no constituye un hecho aislado, sino parte de un proceso de vaciamiento de la universidad pública. Como señal de ese deterioro, mencionó la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA y advirtió que, sin salarios dignos, no es posible garantizar la continuidad de la investigación científica ni una enseñanza de calidad.
