## 🇦🇷 Justicia y derechos fundamentales Una organización internacional presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Fernando Arrigo por su actuación en la causa en la que Konstantin Rudnev y otros ciudadanos rusos están imputados por presunta trata de personas en Bariloche. La entidad pidió a la Procuración General de la Nación que investigue la conducta del funcionario y evalúe su apartamiento del expediente. La presentación fue realizada por el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR) y lleva la firma de su director ejecutivo, el profesor Massimo Introvigne.
La ONG, constituida en Turín, Italia, se dedica al seguimiento de casos de persecución religiosa y vulneración de derechos de refugiados. Según informó, también desarrolló actividades ante organismos como las Naciones Unidas y el Parlamento italiano. ORLIR expresó preocupación por el tratamiento judicial de Rudnev, a quien considera un disidente perseguido en Rusia por sus ideas políticas y religiosas.
En el escrito dirigido al Procurador General y a las dependencias disciplinarias del Ministerio Público Fiscal, solicitó revisar cinco aspectos de la actuación de Arrigo: el uso de información procedente de Rusia, el tratamiento dado a Elena Makarova, la prisión preventiva, la oposición al arresto domiciliario y la valoración de los informes médicos. La organización sostuvo que, considerados en conjunto, esos puntos plantean interrogantes sobre la objetividad, la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales en el ejercicio de la función fiscal. Sus planteos forman parte de una denuncia cuya procedencia y eventual responsabilidad deberán ser analizadas por las autoridades competentes.
Uno de los cuestionamientos centrales se refiere a la utilización de documentación originada en organismos rusos. ORLIR afirmó que la Fiscalía habría otorgado credibilidad a información procedente de un sistema judicial al que describió como cuestionado internacionalmente por su trato a disidentes políticos y religiosos. Por ese motivo, pidió examinar esos antecedentes con especial cautela y establecer qué peso tuvieron efectivamente en la investigación argentina.
La ONG también objetó el tratamiento de Elena Makarova, la mujer rusa identificada como presunta víctima en el expediente. Según recordó en la presentación, Makarova manifestó en distintas oportunidades que no se considera víctima de Rudnev y que ni siquiera lo conocía personalmente. A criterio de ORLIR, la acusación no habría valorado adecuadamente esas declaraciones, por lo que solicitó revisar las decisiones adoptadas frente a los escritos presentados por la mujer y sus representantes.
La denuncia incluye una cronología de las presentaciones de Makarova realizadas durante 2025. Entre ellas figura una carta manuscrita del 13 de junio dirigida al juez federal Gustavo Zapata, además de declaraciones posteriores y pedidos para que se investigaran presuntas irregularidades en el alojamiento de la mujer tras dar a luz. ORLIR solicitó determinar si esas manifestaciones fueron incorporadas y analizadas por el Ministerio Público Fiscal y, en caso de que fueran rechazadas, conocer los fundamentos.
Las denuncias de Makarova sobre el trato recibido son alegaciones que deberán ser comprobadas judicialmente. Otro eje de la presentación es la duración de la prisión preventiva de Rudnev, detenido desde marzo de 2025. La organización cuestionó que la Fiscalía insistiera en mantenerlo encarcelado mientras avanzaban las medidas de investigación y planteó que debe establecerse si existían riesgos procesales concretos que justificaran cada prórroga.
También recordó que, según su planteo, la prisión preventiva debe mantener un carácter excepcional y no convertirse en una sanción anticipada ni en un mecanismo de presión sobre una persona imputada. El escrito reconstruye, además, la disputa judicial por el arresto domiciliario. El 23 de abril de 2026, un tribunal de revisión de General Roca autorizó a Rudnev a cumplir la prisión preventiva en una vivienda de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, con monitoreo electrónico.
La Fiscalía recurrió la decisión y, el 4 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa morigeración. ORLIR objetó la insistencia de la acusación en reclamar el alojamiento penitenciario y pidió que se examinen los fundamentos de esas posturas. La presentación distingue las intervenciones de los distintos integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Señala que los fiscales Tomás Labal y Gustavo Révora participaron en audiencias y recursos vinculados con la prisión preventiva, dentro de la dependencia encabezada por Arrigo. Por ello, ORLIR no atribuye automáticamente al fiscal cada actuación de sus subordinados: solicitó investigar cuál fue su participación, qué conocimiento tuvo y si le corresponde alguna responsabilidad funcional en la posición sostenida por la acusación. El elemento más reciente incorporado a la denuncia es un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal, emitido el 8 de octubre de 2026 tras una evaluación interdisciplinaria realizada el 1 de octubre en el domicilio de Rudnev.
Según la transcripción aportada por la ONG, los peritos oficiales concluyeron que, “en función de los hallazgos clínicos constatados y de las consideraciones precedentemente expuestas”, “al momento de la evaluación pericial, el nombrado no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario”. La conclusión adquiere relevancia en el contexto médico expuesto por ORLIR: de acuerdo con los antecedentes incluidos en la denuncia, Rudnev fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas entre mayo y septiembre de 2026. Informes de especialistas citados por la organización describen problemas neurológicos y cardiovasculares, severas dificultades de movilidad y la necesidad de reposo y asistencia.
La ONG considera que el dictamen oficial respalda advertencias médicas anteriores de la defensa, aunque la decisión sobre las medidas procesales corresponde a los tribunales. Tamara Rudneva, esposa del imputado, celebró la nueva presentación internacional contra el fiscal. “Espero que este apoyo internacional siga creciendo cada vez más”, afirmó al conocer la denuncia. También anticipó que, según la información que recibió, otras organizaciones podrían presentar reclamos similares ante autoridades argentinas, lo que ampliaría el seguimiento internacional del caso.
Para Rudneva, el acompañamiento de entidades extranjeras constituye un respaldo frente a la prolongada situación judicial y sanitaria de su esposo. Desde la perspectiva de la familia, la denuncia abre una instancia para que organismos ajenos a las partes examinen los cuestionamientos a la investigación, en particular los referidos a la prisión preventiva y la atención médica. La familia espera que ese seguimiento impulse a las autoridades a garantizar la protección de los derechos de Rudnev.
ORLIR pidió que se registre la denuncia, se analicen las actuaciones y se determine si Arrigo incumplió deberes establecidos en la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. También reclamó que, si se confirman las conductas señaladas, se abra el procedimiento disciplinario correspondiente. Por la gravedad de los hechos que describe, sostuvo que debe evaluarse la aplicación de sanciones y el reemplazo del fiscal.
La decisión queda ahora en manos de la Procuración General de la Nación y de los órganos disciplinarios competentes, que deberán resolver si dan curso a la denuncia y qué medidas adoptar.
