## 🌍 Panorama Internacional La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este miércoles al Banco de Inglaterra la devolución inmediata de las reservas de oro venezolanas retenidas en esa institución y calificó la situación como una «apropiación ilegítima» de recursos nacionales. «Ya basta de excusas. Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas, no del Banco de Inglaterra. Ya basta del robo de nuestros recursos», declaró durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros, realizada en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
Rodríguez sostuvo que no existen «pretextos legales ni políticos» para mantener congelados los lingotes, que pertenecen al Banco Central de Venezuela (BCV). También ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General activar «todos los mecanismos de presión diplomática y legal» para concretar la devolución e instó a las demás instituciones estatales a sumarse a las gestiones. La mandataria afirmó que existe un acuerdo con exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 para reclamar conjuntamente la restitución del patrimonio, en el marco del proceso de diálogo político que se desarrolla en el país. «Lo que hemos visto durante estos últimos años, en criollo, se llama una “vaciladera” (dilación) que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de las reservas de Venezuela», expresó.
El Banco de Inglaterra retiene alrededor de 31 toneladas de oro venezolano desde 2019, cuando el Reino Unido reconoció al entonces diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde entonces, la institución financiera se ha negado a devolver el control de esos recursos a las autoridades de Caracas. La recuperación del oro es uno de los puntos incluidos en el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Al cierre del tercer ciclo de conversaciones, la semana pasada, ambas partes acordaron conformar una delegación paritaria para gestionar la solicitud ante las autoridades británicas. Según el acuerdo suscrito por las delegaciones, los recursos se destinarían a atender a los damnificados por los sismos del 24 de junio, que dejaron 6.509 fallecidos, y a contribuir a la recuperación de los servicios públicos.
