## 🇦🇷 Política Nacional Buenos Aires, 30 de octubre (NA). La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, señaló que la seguridad jurídica es uno de los ejes de las reformas impulsadas por el Gobierno para promover la inversión privada. Lo hizo durante una exposición en un encuentro de IDEA moderado por Bernardo Cassagne.
La funcionaria afirmó que las medidas oficiales buscan “construir una Argentina más previsible, más estable y más amigable con la inversión privada”. Según explicó, las inversiones dependen de la existencia de reglas claras, instituciones previsibles y confianza en que los compromisos asumidos se mantendrán en el tiempo. En ese marco, indicó que una tarea central de la Secretaría es convertir las decisiones políticas en normas estables y ejecutables.
Ibarzabal Murphy recordó que el presidente Javier Milei planteó desde el comienzo de su gestión el desafío de reducir las capas de intervencionismo que, según el Gobierno, se acumularon durante décadas. Bajo la premisa de que “donde no hay certeza, no hay inversión”, advirtió que la superposición de normas, el exceso de trámites y la intervención estatal generan incertidumbre, frenan proyectos y dificultan la aparición de nuevos actores. Al repasar las reformas, destacó la Ley Bases y el DNU 70/2023 como herramientas centrales para modificar el marco jurídico.
Entre sus alcances mencionó la autorización de privatizaciones, la modernización de la Ley de Procedimientos Administrativos, la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la delegación de facultades legislativas por un año. La secretaria sostuvo que esa delegación permitió reorganizar organismos, eliminar fondos fiduciarios y simplificar procedimientos. Sobre el RIGI, explicó que fue diseñado para dar certidumbre a inversiones que requieren grandes desembolsos de capital y tienen largos plazos de recupero.
El régimen, afirmó, ofrece “las reglas que queremos para todos mañana: estabilidad por 30 años, un esquema tributario y cambiario competitivo y protección frente a cambios arbitrarios”. De acuerdo con los datos que presentó, el RIGI tiene 27 proyectos aprobados por más de US$75.000 millones y otros 21 en evaluación, que superan los US$130.000 millones. Las iniciativas abarcan minería, energía, infraestructura, automotriz, siderurgia y energías renovables.
También remarcó que los beneficios corresponden a inversiones nuevas y que su aplicación debe procurar minimizar distorsiones en la competencia. Al referirse al caso YPF y a las consecuencias de las decisiones estatales sobre la reputación internacional del país, Ibarzabal Murphy aseguró: “La única instrucción política que recibo es hacer las cosas bien”. Añadió que respetar los procedimientos, identificar riesgos y construir soluciones sostenibles es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica. “Mi trabajo consiste, en definitiva, en intentar que las reglas que ofrecemos hoy sean las mismas reglas que existan mañana”, concluyó.
