## 🇦🇷 Justicia y seguridad La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de un exsubprefecto de la Prefectura Naval Argentina (PNA), condenado por abusar sexualmente de una subordinada. Con la decisión, quedó firme la sentencia que le impuso 15 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal de Posadas. En una resolución emitida la semana pasada, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que la presentación de la defensa de Jorge Daniel Barceló no cumplía los requisitos formales exigidos para ese tipo de recurso.
Barceló había sido jefe de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de Posadas. Al dictar la condena, el tribunal consideró —en línea con lo planteado por la fiscalía— que los hechos conformaron un patrón sistemático de violencia de género, hostigamiento laboral y abuso de autoridad, cometido en un contexto de asimetría de poder. Además de la pena, ordenó indemnizar los daños materiales y morales causados a la víctima, revisar obligatoriamente en el ámbito administrativo las sanciones que la Prefectura le había impuesto y restituir sus derechos y antecedentes dentro de la institución.
Durante el alegato, el Ministerio Público Fiscal puso el foco en el marco institucional en el que ocurrieron las agresiones. El fiscal interino Pablo Ricardo Di Loreto sostuvo que el acusado “actuó con impunidad valiéndose de un contexto de estricta jerarquía y asimetría de poder dentro de una fuerza de seguridad verticalista, sometiendo a la víctima a un proceso sostenido de violencia laboral, psicológica y sexual”. La Fiscalía ante el Tribunal Oral estaba entonces a cargo de la fiscal general Barbosa.
Como parte de la condena, el tribunal dispuso que, una vez firme la sentencia, se extraiga el perfil genético de Barceló y se lo remita al Banco Nacional de Datos Genéticos. La medida se encuadra en la Ley N.º 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. La víctima denunció los hechos en octubre de 2022 ante la Fiscalía Federal N.º 2 de Posadas, a cargo de la fiscal interina Silvina Gutiérrez.
Durante el proceso, desde el comienzo de la investigación y en las sucesivas instancias judiciales, los representantes del Ministerio Público Fiscal recibieron asistencia especializada de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Su intervención contribuyó al abordaje integral del caso, a la incorporación de la perspectiva de género y a la elaboración de la estrategia acusatoria. La víctima también recibió acompañamiento de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).
En la causa intervino, además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En agosto de 2025, los jueces Fabián Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Jorge Bosch dieron por probado que los hechos comenzaron a principios de 2020, después de que la subordinada sufriera un accidente vial que le provocó una fractura en la muñeca. En vez de concederle la licencia médica correspondiente, con reposo absoluto, Barceló abusó de su jerarquía y le ordenó cumplir tareas administrativas.
Según la reconstrucción judicial, después de que la mujer rechazara reiteradamente invitaciones personales e insinuaciones del oficial, él inició un ciclo de persecución laboral. Ese accionar incluyó insultos, cambios arbitrarios de guardia, evaluaciones negativas y sanciones desproporcionadas. El tribunal también estableció que, para encubrir que el certificado médico no había sido cargado en el sistema interno de la fuerza, Barceló ordenó fraguar un parte de novedades y asentar datos falsos en el libro de guardia de la unidad.
