## 🇦🇷 Política Nacional La política eléctrica del gobernador Ricardo Quintela quedó sometida a un juicio ordinario ante la Corte Suprema. El jueves 29, el máximo tribunal ordenó tramitar la demanda de CAMMESA contra La Rioja, que cuestiona las normas con las que la Provincia frenó el traslado de los precios nacionales a las facturas de EDELAR, la distribuidora local. Según el fallo, la Corte declaró su competencia originaria en el expediente CSJ 1847/2024 y dispuso correr traslado de la demanda por 60 días.
También ordenó comunicar la decisión al gobernador y al fiscal de Estado, y citar al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para que intervenga como tercero. La presentación de CAMMESA apunta al Decreto provincial 370/2024 y a la Resolución 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía. Según el planteo reseñado por los jueces, ese esquema impidió aplicar en las facturas el precio estacional fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y habilitó descontar de las compras mayoristas los créditos reconocidos a los usuarios.
CAMMESA sostuvo que la decisión provincial alteró la cadena de pagos del mercado eléctrico. La deuda informada al iniciar la acción ascendía a $8.183.406.774,76. Ese monto corresponde al reclamo presentado al comienzo del expediente: no es un saldo actualizado a octubre de 2026 ni una condena de pago dictada por la Corte.
La regulación provincial contempló que el gobierno riojano asumiera transitoriamente el costo de la medida mediante un fondo de compensación. La mayorista afirmó en su demanda que la Provincia no realizó pagos cancelatorios por esas compras. Esa afirmación integra la controversia judicial y no constituye una conclusión definitiva de los magistrados.
El beneficio para los usuarios también quedó vinculado, de acuerdo con la resolución provincial reseñada por la Corte, a la presentación de acciones judiciales contra el cuadro tarifario nacional. De ese modo, el conflicto abarca tanto la política local de precios como el financiamiento de la energía que adquiere la distribuidora. La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los jueces no declararon inconstitucionales las normas cuestionadas ni concedieron la medida cautelar solicitada por CAMMESA. Reservaron el tratamiento de esa solicitud para después de que la Provincia conteste la demanda o venza el plazo correspondiente. Con la decisión del jueves 29, el planteo pasó a tramitar como un proceso ordinario ante el máximo tribunal.
La Rioja deberá responder la demanda contra el régimen eléctrico impulsado por la administración de Quintela, mientras continúa en discusión el alcance de las normas provinciales y sus efectos sobre los pagos del sistema mayorista.
